Luis Mayol, El Mercurio

Hace unos días fuimos sorprendidos con la decisión del Gobierno de enviar apresuradamente al Congreso un proyecto de reforma constitucional sobre el régimen jurídico de las aguas, señalando que constituye la vía para hacer frente a la escasez del recurso y para que el Estado garantice bienes públicos.

La Sociedad Nacional de Agricultura considera grave este planteamiento y altamente dañinas las consecuencias que puede acarrear para el desarrollo económico del país y especialmente para los más de 300 mil agricultores, propietarios y que utilizan día a día estos derechos de aprovechamiento, de los cuales el 95% son pequeños y medianos.

Gracias a la legislación vigente, ha imperado la certeza jurídica durante los últimos 25 años. Los agricultores, cualquiera sea la dimensión de su explotación, son hoy los titulares de los derechos de aprovechamiento consuntivo, permanente y continuo del agua y los únicos que pagan al Estado por ellos a través de las contribuciones de bienes raíces. Esta regulación ha sido fundamental para el salto que ha dado la agricultura, que se refleja en aumentos del 1.900% en las exportaciones del sector y más del 500% en las inversiones en riego, entre otros importantes avances.

Sin embargo, esta seguridad -que constituye la gran garantía para las inversiones-, es justamente la que se ve dañada con el proyecto del Ejecutivo. La iniciativa plantea que por ley se regule la constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos sobre las aguas que se reconozca a los particulares. Con ello, el Congreso queda facultado para disponer la pérdida de los derechos de sus titulares por cualquier razón que estime, por simple mayoría e incluso con efecto retroactivo, lo que obviamente conduciría a la absoluta precariedad del derecho, sin siquiera mediar una fundada y lógica indemnización.

Nos parece una mirada de corto plazo pretender solucionar problemas puntuales de escasez de agua con más discrecionalidad y leyes. Porque en Chile, contrario a lo que se ha pregonado, existe abundancia del recurso y un sistema de autogestión a través de las Asociaciones de usuarios en la administración, que con algunos puntuales problemas ha demostrado ser exitoso por casi 200 años.

Lo que necesitamos, en cambio, es una verdadera y adecuada política de inversiones o concesiones para infraestructura de embalses, ya que sólo entre la V y la VIII Región se pierden anualmente en el mar más del 70% de las aguas superficiales a través del escurrimiento natural por ríos y cauces. Una situación que no se daría si se realizaran inversiones oportunas en estas obras de infraestructura que permitieran aprovechar dichos recursos y utilizarlos en áreas tan diversas como la agricultura, la energía, sanitarias, industrial, entre otras.

Esto no quiere decir que desconozcamos la existencia de situaciones puntuales de escasez, de las cuales debemos hacernos cargo. Pero creemos que la legislación existente tiene las respuestas adecuadas, como crear comunidades de aguas que aboguen por una adecuada proporcionalidad y la correcta operación del mercado. Por su parte, la Dirección General de Aguas debe ser potenciada. Debe contar con más recursos y capacidad humana para que vele realmente por el cumplimiento de la ley, para responder a los requerimientos técnicos actuales y dé castigo a los abusos, lo que hoy no es evidente.

Reformar una legislación que a todas luces ha sido uno de los factores de éxito de la agricultura no es la solución para un problema puntual en materia de agua. Por el contrario, es una grave amenaza al crecimiento del país que afecta la capacidad productiva de los agricultores y otros sectores y el valor patrimonial de sus explotaciones que tienen en la certeza jurídica del agua uno de sus insumos más relevantes.