Gloria de la Fuente, La Nación

La reciente entrega del informe de la Comisión Mujer, Trabajo y Maternidad, que convocó a catorce expertos bajo la tutela de Sernam, obligará al gobierno a pronunciarse y presumiblemente a tomar una decisión sobre la materia, considerando que el posnatal de seis meses fue una de sus principales promesas de campaña.

La importancia que han adquirido tanto el tema de la protección a la primera infancia, como la necesidad de garantizar los derechos de las madres trabajadoras, tienen directa relación con una sociedad en que, en las últimas décadas, las mujeres se han incorporado crecientemente al mundo del trabajo y donde existe cada vez más conciencia de la necesidad de que el Estado garantice ciertos derechos sociales.

No obstante, las noticias están lejos de ser auspiciosas y conllevan la necesidad de mirar más a fondo tanto la transformación de la realidad de las mujeres como el cambio de las familias en Chile en las décadas recientes para adoptar decisiones de política que vayan en la línea correcta.

Lo primero es señalar que si bien durante los últimos años ha habido un crecimiento notable de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo (de 30% a 40%, en dos décadas), esta tasa está aún por debajo de países de la propia región latinoamericana.

La formalización del trabajo es también un tema relevante.

Tal como señala la Primera Encuesta de Mujer y Trabajo en Chile (realizada por Comunidad Mujer y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile en 2009) existe mayor precariedad laboral mientras más bajo es el decil de ingresos.

Ello se traduce en que 37% de las mujeres trabajadoras del primer decil hayan firmado contrato de trabajo, contra 88% del último decil, lo que se vincula directamente con las cotizaciones previsionales y la posibilidad real de las mujeres de acceder a derechos sociales como el permiso maternal.

Pero no sólo eso, sino que, tal como señala el informe de la comisión, las transferencias públicas del Estado por descanso pre y posnatal se terminan transformando en una política de carácter regresiva, porque benefician a las mujeres de los quintiles más altos de ingreso.

En este cuadro y dentro del mismo tema, es importante considerar también que la realidad de las familias en Chile se ha transformado de manera radical.

Según datos de la encuesta Casen, mientras en 1990 el 26,7% de las familias indigentes tenía jefatura femenina de hogar, en 2009 esta cifra llega a 47,9%.

En las familias pobres, en tanto, los resultados son 21,7% y 43,2%, respectivamente. Este dato es relevante si se considera que en las familias no pobres la jefatura femenina de hogar no supera el 30%.

La encuesta señala, además, que la pobreza afecta en mayor grado a mujeres que a hombres.

Asimismo, si se observan los antecedentes disponibles en relación con la utilización del tiempo en tareas domésticas no remuneradas, las mujeres (71%) superan ampliamente a los hombres (29%), con el consecuente impacto en la conciliación de la vida laboral y familiar.

No cabe duda que el Estado debe velar, especialmente, por la protección de los derechos de aquellos más vulnerables.

Esto implica realizar políticas redistributivas que tiendan realmente a disminuir las desigualdades de diversa naturaleza que existen en la sociedad.

De esta manera, no sólo se trata de promover la extensión del posnatal sin disminuir ninguno de los derechos adquiridos por las madres trabajadoras, sino que, ante todo, generar empleos de calidad que permitan a las mujeres acceder a estos derechos sociales, establecer mejores condiciones para el cuidado infantil, promoviendo al mismo tiempo la responsabilidad y el derecho de los padres sobre el cuidado de sus hijos y que, en definitiva, se entienda que extender hoy los derechos de las madres trabajadoras no es sólo una política que va en beneficio de las mujeres, sino que de la posibilidad de conciliar correctamente vida familiar y laboral. Esto en definitiva se traduce en bienestar social.